España se enfrenta a una posible sanción de la Justicia europea por acumular más de una década de incumplimientos de los estándares de calidad del aire en ambas ciudades.
La Comisión Europea (CE) acusa a España de haber superado el valor límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2) «de forma sistemática y continuada desde 2010» en las dos urbes más pobladas del país y sus alrededores.
El asunto llegó este jueves 10 de febrero al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que examinará la denuncia de Bruselas después de años de avisos a las autoridades nacionales.
Una década de incumplimientos
El procedimiento contra España se refiere a tres zonas que llevan desde 2010 superando el límite de NO2: Barcelona, el área del Vallès-Baix Llobregat —también en la provincia de Barcelona— y Madrid.
Concretamente, la Comisión acusa al país de infringir dos artículos de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
El primero se refiere a la obligación de los Estados de mantenerse por debajo del límite anual de 40 mg/m3 (microgramos por metro cúbico) de NO2; mientras que el segundo ordena «velar por que el período de superación» de este máximo sea «el más breve posible».
Según Bruselas, las autoridades españolas no sólo incumplieron repetidamente los límites fijados en la legislación europea, sino también fracasaron en implementar las «medidas adecuadas» para garantizar que la mala calidad del aire no se prolongara en el tiempo.
Los ecologistas esperan sanciones
Con su acción ante el TJUE, Bruselas pretende forzar a Madrid y a Barcelona a cumplir las normas en materia de contaminación, que cada vez serán más estrictas si la ley europea se adapta a las recientes revisiones de la OMS.
También están a la espera de una respuesta de la Justicia las organizaciones y entidades defensoras del ambiente, que llevan tiempo reclamando a las ciudades que se adapten a la normativa.
«Esperamos nada más que una sentencia condenatoria», afirma en declaraciones a la Agencia Sputnik Juan Bárcena, experto en calidad del aire de Ecologistas en Acción, una confederación que une a 300 grupos ecologistas de toda España.
En una primera vista este 10 de febrero, el TJUE se limitó a escuchar a los representantes de las dos partes, en el caso español la abogada del Estado español, al que recae la responsabilidad por las infracciones.
Desde Ecologistas en Acción, en contacto con sus colegas en Europa, creen que la valoración inicial de Luxemburgo podría tardar unos dos meses y confían que, eventualmente, esta termine en una multa económica que fuerce a España a actuar.
Con información de Sputnik Mundo