Este lunes el gobierno presentó un proyecto presupuestario que encendió las alarmas de los especialistas, quienes advirtieron una reducción de los fondos en el área de ambiente y cambio climático. Sin embargo, aseguran que este hecho no es “aislado ni sorpresivo” ya que va en línea con otras propuestas que ha tenido el oficialismo desde su llegada en 2023.
Los ajustes en la política ambiental
Aseguran que los números propuestos para el 2026 presentan una caída del 21 % en términos reales respecto a lo asignado para el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a casi 214 millones de pesos.
Cabe destacar que hasta agosto pasado sólo se ejecutó poco menos del 60 % de lo aprobado, lo que también anticipa un fuerte impacto en las políticas de conservación y protección de bosques nativos. En este caso la reducción no se limita a ese aspecto en particular, sino que también alcanza a la Subsecretaría de la Nación, al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
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Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunciaron que los porcentajes sugeridos van en contra de lo que estipula la ley de bosques. En ese sentido, afirman que lo que correspondería a esta área terminó siendo destinado a la agricultura, bajo la lógica de incentivar la conservación y el ordenamiento territorial. Eso significa que el dinero tampoco estaría siendo implementado correctamente.
Los problemas con el RIGI
Además, la organización enfatizó que, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), hubo una expansión de las actividades productivas, como la minería, lo que debilita aún más la política ambiental, al tiempo que se suman presiones para los ecosistemas ya degradados.
Concluyen que los datos del presupuesto de cara al año que viene están lejos de priorizar el fortalecimiento de medidas ecológicas en un contexto de crisis climática, por lo que acusan al Gobierno de profundizar las problemáticas. Explican que este rumbo no sólo implica menos recursos, sino menos capacidad del Estado para responder a emergencias y para cumplir con los compromisos internacionales de protección.