Organizaciones se movilizan y preparan acciones legales contra la instalación de una tercera planta de celulosa en el país sudamericano. Los manifestantes aseguran que el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa finlandesa UPM es inconstitucional y advierten sobre peligros ambientales del emprendimiento, ya que este acuerdo, implicaría volcar efluentes contaminantes en un río que no tiene la capacidad de tolerar esa descarga.
Según el Gobierno, la nueva planta va a producir entre 1,9 millones y 2,4 millones de toneladas de celulosa a partir de madera, en régimen de zona franca. La inversión es vista como un necesario impulso para la economía de este país, cuyo crecimiento se mantiene desde hace 15 años, pero últimamente a un ritmo desacelerado.
Fuente, Sputnik