Un estudio elaborado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) destaca que cada ocho días se registran casos contra defensores ambientales, quienes denuncian la vulneración de sus derechos. Según el documento, entre enero y abril de 2025 se registraron 14 casos de violaciones a los derechos de los defensores; el 79 % está vinculado a pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Los defensores ambientales en peligro

Los datos revelan “que el patrón de ataque más destacado en este primer cuatrimestre del año ha sido la criminalización o judicialización contra defensores ambientales y líderes de comunidades. Paralelamente a este patrón de ataque, destaca la división y acoso contra las comunidades locales y sus organizaciones internas”.

Con respecto al lugar de los ataques, establece dos ámbitos predominantes: “la zona aurífera antigua y expansiva y la zona de expansión de la frontera hidrocarburífera”, tal como consigna el medio Mongabay. Otro dato relevante es que en nueve casos los ataques se dieron en áreas protegidas.

Peligra la situación de los defensores ambientales de Latinoamérica.
Peligra la situación de los defensores ambientales de Latinoamérica.

A modo de ejemplo, cita lo ocurrido con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que en octubre de 2024 denunció a 29 personas “por la presunta comisión de los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo”. Todos los denunciados son activistas que luchan por impedir el ingreso de la empresa y de Petrobras a la reserva de Tariquía.

La situación en Latinoamérica

La situación de los defensores ambientales es crítica y peligrosa en gran parte de Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú el pasado 26 de julio asesinaron a Hipólito Quispe Huamán, de la Reserva Nacional Tambopata, que se había unido con agricultores y concesionarios forestales para frenar la minería ilegal. En este contexto, surgieron cuestionamientos sobre las acciones del gobierno peruano y del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos