La Justicia neerlandesa lanzó un fallo que obliga al Reino de los Países Bajos a proteger a los habitantes del Caribe, como lo hacen con las personas que ya se encuentran en su territorio.
Esta medida se lanza bajo un contexto en donde los desastres naturales y los daños causados por el cambio climático sitúan a gran parte de estas poblaciones en una región que se ha vuelto vulnerable.
Los cuidados para con el Caribe
El fallo señala que «el gobierno neerlandés no hace lo suficiente para proteger a los habitantes de Bonaire del cambio climático y de sus consecuencias«. Además, remarca que los residentes de las islas reciben un «trato distinto a los habitantes de Países Bajos europeos, sin ningún motivo justificable».
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Este llamado de atención al país europeo surge como una respuesta a una demanda introducida por los habitantes de la isla de Bonaire que, apoyados por Greenpeace, se encargaron de exigir medidas concretas contra el aumento del nivel del mar producto del cambio climático y el calentamiento global.
El fallo también ordena al Estado a fijar en un plazo de 18 meses unos «objetivos claros y vinculantes (…) en materia de reducción de gases de efecto invernadero«.
Los habitantes de Bonaire
La Corte establece que las pequeñas islas caribeñas son especialmente vulnerables al cambio climático a causa de su ubicación, escala y dependencia económica. Por lo tanto, este insuficiente trato a esta región no cumple con los artículos 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni con el Protocolo 12, al no garantizar una protección efectiva de la vida privada y familiar.
Por su parte, Bonaire se presenta como la mayor isla del Caribe neerlandés, en donde la zona es baja y vulnerable a inundaciones. Con respecto a los posibles efectos del cambio climático en el territorio, la población -de aproximadamente 26.000 habitantes– es pobre y dependiente del turismo, por lo que la falta de cuidado en el área puede ser perjudicial para su futuro bienestar social.