A raíz de la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace anunciaron que realizarán una demanda judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reforma.
El rechazo a la reforma
“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Luego de la traición a la voluntad ciudadana, vamos a la justicia, pero necesitamos acompañamiento social para frenar este retroceso”, fue lo que advirtieron las distintas ONG en el comunicado luego de los resultados de la sesión ocurrido en el Congreso de la Nación.
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Por su parte, Quique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, denuncia que: “La ‘seguridad jurídica’, que pedían las empresas, es una quimera ahora más que nunca».
La reciente medida aprobada en cámara baja significa una serie de modificaciones clave en el régimen de protección de glaciares y del ambiente periglacial. Entre estos cambios se destaca la reducción del alcance del concepto de ambiente periglacial, lo que, según críticos, reduce áreas bajo resguardo. Este cambio en la normativa le otorga permisos a ciertos proyectos mineros e infraestructura en zonas donde antes tenían mayores restricciones.
La protección que otorga Ley de Glaciares
Este apartado de lo votado en el Congreso encendió las alarmas en los grupos ambientalistas. En la actualidad, la Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares que alimentan cuencas esenciales para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad. Además, los ecologistas advierten que los negocios pueden afectar el acceso al agua en distintas áreas del país.
Frente a este panorama, las organizaciones ambientales iniciaron una campaña para lograr la demanda colectiva más grande de la historia. Para ello, los grupos crearon la web www.demandacolectivaglaciares.org.