Diversos grupos que luchan contra el cambió climático, liderados por Greenpeace y por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando la ilegalidad de la reciente Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco.
La normativa, que fue aprobada de manera sorpresiva, generó una ola de críticas debido a su impacto potencialmente devastador para la vida silvestre de la región.
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La gravedad de la normativa
Según el documento, esta nueva disposición habilitaría el desmonte en más de 1.200.000 hectáreas nativas, una extensión equivalente a aproximadamente 60 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires.
Otro de los puntos que más preocupa a los ambientalistas, es la que incluiría áreas protegidas, permitiendo retomar con actividades que ya han tenido lugar en estas zonas y por las que se ha luchado con anterioridad.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, expresó que permitir estos desmontes es un despropósito, sobre todo considerando la alta deforestación que ha sufrido Chaco en las últimas décadas.
La exclusión de ciertas poblaciones
Entre los aspectos más mencionados, se destaca la falta de participación indígena en el proceso legislativo ya que no se llevaron a cabo talleres en los territorios indígenas ni en sus idiomas originarios, incumpliendo así con la consulta libre, previa e informada exigida por tratados internacionales firmados por Argentina.