Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN), será declarado “Heraldo de la Educación y la Justicia Ambiental” por el Congreso del estado de Tlaxcala en reconocimiento a sus aportaciones en materia de derecho ambiental.
El magistrado fue propuesto por Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada del Partido Alianza Ciudadana (PAC) y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; así como por Marcela González Castillo, legisladora del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El reconocimiento será entregado el próximo sábado 23 de abril, luego que el pleno del Congreso de Tlaxcala aprobara la propuesta con 19 votos a favor y cero en contra, con la ausencia de seis de los 25 diputados que forman parte de la legislatura.
Los motivos de la condecoración al ministro Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con las legisladoras, son sus aportaciones a “la materialización de un efectivo derecho ambiental”.
“Debemos reconocer la teoría del derecho ambiental que plantea el doctor Ricardo Lorenzetti, la que resulta ser una espléndida obra que tiene un especial atractivo académico, toda vez que nos presenta un análisis realizado por un jurista argentino cuya obra ha sido editada en México, país donde la teoría del derecho ambiental aún está en ciernes”, explicó la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz al exponer los motivos de la condecoración ante el Congreso.
Las diputadas señalaron que las aportaciones del ministro argentino al derecho ambiental no tienen fronteras. “Resultan de singular relevancia las aportaciones de Ricardo Lorenzetti, las cuales no están dirigidas a determinado país o región, sino que constituyen contribuciones para el fortalecimiento de un derecho fundamental de todas las personas, como lo es preservar y proteger el medio ambiente”, dijo la congresista Marcela González Castillo.
Antecedentes
Una de sus sentencias más importantes fue la del caso “Beatriz Mendoza”, que implicó un fallo histórico que obligó al Estado a dar respuesta a la más grave situación socio-ambiental de Argentina que afectó de manera directa a más de dos millones de personas asentadas alrededor de la cuenca Matanza Riachuelo, la más contaminada de toda Argentina por la actividad industrial.
La causa se inició en julio de 2004 cuando un grupo de vecinos encabezados por Beatriz Silvia Mendoza presentaron una demanda reclamando la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca, responsabilizando de daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y 44 empresas aledañas por volcar directamente al río los residuos peligrosos.
El objeto de la demanda es la indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo (a fin de reparar la incapacidad sobreviniente, los gastos por tratamientos médicos, gastos por nueva radicación, daño moral, daño psíquico sufrido por madres, padres y sus hijos, el daño futuro comprensivo de los gastos que habrá que realizar para liberar a los niños de la contaminación que portan en su organismo, y la pérdida del valor locativo de los inmuebles que habitan); y el cese de la contaminación y recomposición del daño ambiental colectivo (art. 41 de la Constitución Nacional y art. 30 de la Ley 25.675- Ley General del Ambiente).
La Cuenca Matanza-Riachuelo cubre un área de más de 2.200 km2 en la que habitan unos 5 millones de habitantes y constituye una región con múltiples problemas de contaminación.