La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas tomaron acción preventiva por daño ambiental contra el megaproyecto de gas licuado (GNL) que busca llevarse a cabo en el Golfo San Matías, área clave para la biodiversidad del Mar Argentino.

El megaproyecto que ocurre en el Golfo San Matías

Esta demanda exige la detención total de las obras y de toda actividad vinculada al proyecto hasta que se cumplan con todos los requerimientos estipulados.

El objetivo de este proyecto es crear un nuevo polo de exportación de gas fósil a partir de la instalación de infraestructura industrial que incluye gasoductos terrestres y submarinos, terminales marítimas y unidades flotantes de licuefacción para producir GNL para ser exportado en buques metaneros.

Estas acciones suponen una amenaza al Golfo San Matías, el cual es considerado como uno de los ecosistemas marinos más relevantes, no solamente de la Patagonia, sino también del continente y del mundo al formar parte de los golfos norpatagónicos. Su área cuenta con 17.000 kilómetros cuadrados de superficie y alta productividad biológica, por lo que es considerado un ecosistema marino clave en donde se llevan a cabo actividades pesqueras y turísticas.

Un megaproyecto pone en peligro a la Península Valdés al amenazar al Golfo San Matías.
Un megaproyecto pone en peligro a la Península Valdés al amenazar al Golfo San Matías.

Las irregularidades en las obras

Según afirman los denunciantes, el megaproyecto de GNL comenzó a avanzar sin cumplir adecuadamente con los procedimientos de evaluación ambiental exigidos por la legislación argentina, como por ejemplo la falta estudios acumulativos y climáticos que analicen el impacto total de la infraestructura prevista.

El inicio de las obras tuvo lugar en noviembre de 2025 cuando un buque descargó miles de toneladas de tuberías destinadas al gasoducto que abastecería al complejo de GNL sobre la costa rionegrina. Este hecho fue confirmado por un registro fotográfico que mostró cómo se realizaban movimientos de máquinas e infraestructura en la zona del fuerte argentino, lo que demuestra que el megaproyecto industrial avanza sin evaluación ambiental integral y sin contar con la  participación pública adecuada.