Los gobiernos, la academia y los hechos han comprobado que los desastres ambientales afectan más a las poblaciones sumidas en la desigualdad. Curiosamente, también ellos son los actores ideales para mitigar los daños contra los ecosistemas.
La avalancha que devastó Mocoa es un recuerdo trágico en la historia reciente de Colombia. El desbordamiento de tres ríos dejó un saldo de 315 víctimas mortales, además de arrasar con el 58 % de la cabecera urbana y sepultar 17 barrios de la capital de Putumayo. Con previo aviso, la ciudad había sido catalogada zona de riesgo ambiental por el Servicio Geológico, al igual que otros 385 municipios del país.
Estos accidentes afectan más a las comunidades pobres, ya que carecen de recursos que les ayuden a reponerse con facilidad. Les toma más tiempo reconstruir sus casas, están más lejos de la ayuda estatal y sus territorios son más vulnerables, además de que se les dificulta asumir medidas de emergencia cómo desplazarse.
Líderes internacionales se dieron cuenta de esa relación, al entender que, si se reducen las brechas de desigualdad, el riesgo de vulneración ambiental también disminuirá. Es por esto que los gobiernos acordaron reducir la desigualdad para el año 2030, definiéndolo como el décimo Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Lo curioso es que, al mismo tiempo, las poblaciones más vulnerables son los actores ideales para mitigar los daños ambientales y procurar la conservación de los ecosistemas.
Gracias a la proximidad, dichas comunidades conocen bien sus territorios: las periferias urbanas donde se extiende el campo, las costas y su biodiversidad, las laderas de los ríos y los movimientos de éstos, así como los cerros junto con el comportamiento de la tierra.
Es por esto que el presidente colombiano Juan Manuel Santos, pretende pagarles a los campesinos por proteger y recuperar los ecosistemas. La iniciativa busca que, mientras se intenta reducir sus bajas condiciones económicas, los campesinos reciban dinero por contribuir al cuidado de los recursos naturales.
La meta es tener, para 2025, un millón de hectáreas productivas bajo procesos agropecuarios sostenibles, a la vez que familias y comunidades en situación de vulnerabilidad económica cuidan bosques, páramos, humedales y otros ecosistemas estratégicos del país, como si fueran sus reservas naturales privadas. Una acción alineada a reducir la desigualdad.
Fuente: El Espectador