El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, es considerado el mayor productor individual de soja del mundo. Y el de Medioambiente, Sarney Filho, quien debería ser su contrapeso en el gobierno, ha dicho recientemente, sin el menor pudor, que “sólo Dios” –no las políticas públicas– puede frenar la deforestación de la Amazonía.
Michel Temer, presidente de Brasil, ya enfrentaba dificultades para negociar apoyo parlamentario para sus reformas laboral y de pensiones, demasiado impopulares para ser aprobadas a sólo un año del inicio de la campaña presidencial de 2018. Ahora, a causa del agravamiento de la crisis política y arrinconado por denuncias de corrupción, el presidente paga cada vez más caro el apoyo para sustentarse. Y parte del precio ha sido rematar la selva amazónica a los parlamentarios ruralistas que dominan el congreso.
En diciembre, el gobierno de Temer firmó una medida provisoria (una suerte de decreto presidencial que debe ser ratificado por el congreso) transformando 305.000 hectáreas de la Floresta Nacional de Jamanxim, en Pará, en un Área de Protección Ambiental, o APA. Aunque el nombre suene promisorio, la medida esconde un retroceso. La calificación de floresta nacional es una de las más altas categorías de preservación en Brasil y la ocupación de tierras de la floresta está prohibida. El Área de Protección Ambiental tiene, en cambio, un nivel de protección mucho menor, porque permite la explotación comercial de las tierras. En otras palabras, la medida podría permitir legalizar sus actividades a quienes hoy ocupan y explotan ilegalmente esa región amazónica.
El proyecto pasó por el análisis de diputados y senadores y terminó por ser tan distorsionado y perjudicial como lo es el actual congreso. Además de aumentar el área que pasaría de floresta nacional a área de preservación de 305.000 a 600.000 hectáreas, los legisladores aprovecharon para incluir una enmienda completamente ajena al proyecto original, reduciendo también 10.000 hectáreas del Parque Nacional de São Joaquim, en Santa Catarina; está tan lejos del Jamanxim como España de Bielorrusia. O sea: para avanzar con su desarrollo a cualquier costo, los diputados muestran que quieren hacer en otras regiones lo que están haciendo con Jamanxim.
Recientemente Temer anunció por Twitter que había anulado las medidas, como si diera buenas noticias para el medioambiente, cuando fue él quien presentó el proyecto original. Mejor sería no haberlo hecho nunca. Porque con el proyecto envió también el mensaje de que está dispuesto a ceder ante los grupos de presión y a absolver a quienes invaden y deforestan la selva. Además, Temer ya había negociado con la bancada ruralista que el contenido vetado será presentado otra vez. El único cambio es que la paternidad de este retroceso en el campo de la protección ambiental pasó del poder ejecutivo al legislativo.
El 68 por ciento de toda la actividad ilegal en las áreas protegidas de la Amazonía ya se concentra en el Jamanxim. Con la disminución del grado de protección en Jamanxin, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM, por su sigla en portugués) prevé una deforestación de 280.000 hectáreas, que causarían la emisión de 140 millones de toneladas de carbono hasta 2030.
En el último año, la deforestación de la Amazonía avanzó el 30 por ciento. El asunto había tenido poca repercusión hasta que Temer y sus ministros viajaron en visita oficial a Noruega. Allá, hicieron pasar vergüenza al país. Ante este retroceso, Noruega anunció un recorte del 50 por ciento de sus aportes al Fondo Amazonia, de quien era el mayor financiador.
Fuente: New York Times