La Justicia penal de Buenos Aires citó a indagatoria a los gerentes y a un representante legal perteneciente a la empresa Atanor por delitos ambientales graves relacionados con la explosión ocurrida el 20 de marzo de 2024 en la planta de San Nicolás.
Los detalles de la causa
Las organizaciones Greenpeace y la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) indicaron que este hecho marca un gran paso hacia la responsabilidad penal de quienes estuvieron al frente de la empresa en el momento del delito. Esta imputación reconoce los crímenes de contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública, violación a la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051) y a la Ley General del Ambiente (Ley 25.675).
El suceso investigado es la explosión del reactor de atrazina ocurrido en 2024, donde se liberaron gases y sustancias tóxicas —entre ellas, cloruro de cianurilo y atrazina— que provocaron la contaminación del aire, el suelo, el agua y la biodiversidad, y que afectó la salud de trabajadores y vecinos.
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Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, señaló que “Durante años, los vecinos de San Nicolás convivieron con una planta que operaba en la impunidad. Este avance judicial es una señal de que la verdad empieza a abrirse paso frente a una situación de daño ambiental sostenido y sistemático”.
Los peligros que trajo Atanor
La ONG acompaña el reclamo de los vecinos y señala que ese avance en la causa confirma que la comunidad de San Nicolás fue expuesta por Atanor a distintas sustancias peligrosas, bajo un contexto de descontrol y desprotección ambiental.
Hace unas semanas, la planta fue clausurada tras un nuevo hecho de contaminación. Esta medida fue llevada a cabo por la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense luego de constatar el vuelco de sustancias contaminantes en el suelo natural de la empresa, lo que provocó la persistencia de un grave riesgo ambiental.