La comunidad maya Q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9 presentó su caso contra el Estado de Guatemala en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado miércoles 9 de febrero. Se espera un fallo en menos de un año aproximadamente.
El tema principal son los derechos colectivos de la tierra en Agua Caliente Lote 9, ubicado a unos 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala. El caso también tiene que ver con un proyecto de minería de níquel, un conflicto que desde hace más de 60 años ha acarreado violencia.
Según Leonardo Crippa, abogado sénior del Indian Law Resource Center, con sede en Estados Unidos, el caso de Agua Caliente Lote 9 le dará al tribunal la oportunidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y fallar a favor de su soberanía sobre sus recursos naturales.
“Esperamos que el tribunal ordene al Estado establecer medidas legislativas y de otra índole para reconocer el derecho de las comunidades a la propiedad colectiva sobre las tierras que poseen, utilizan y que les brindan beneficios a través de los recursos naturales”, informó Crippa, quien ha estado trabajando durante años en casos sobre derechos colectivos de los indígenas a la tierra, incluido el de Agua Caliente Lote 9.
El proyecto Fénix en la región Q’eqchi’, propiedad del Solway Investment Group (un conglomerado minero con sede en Suiza), incluye la explotación del mineral en la cima de la montaña e instalaciones para procesar ferroníquel cerca de la costa del lago de Izabal.
El lago y otras vías fluviales asociadas alimentan importantes ecosistemas y áreas protegidas que albergan diversas especies de peces, aves, reptiles y mamíferos, incluido el mono aullador negro guatemalteco (Alouatta pigra), en peligro de extinción. La contaminación es una preocupación para muchos residentes locales, cuyo sustento depende de la agricultura y de la pesca de subsistencia.
El caso y los antecedentes
Según Victoria Sanford, profesora de Antropología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la minería ha sido durante los últimos 150 años una manera más de expropiación por parte de terratenientes y empresas que tienen una cosmovisión opuesta a la de los Q’eqchi’.
“Los Q’eqchi’ son los administradores (de la tierra)», señaló Sanford, quien fue designada como perito por el tribunal en el caso de Agua Caliente Lote 9”.
Hace 20 años, los residentes de Agua Caliente Lote 9 pagaron al gobierno guatemalteco para recuperar su tierra, pero nunca se les otorgó el título de propiedad definitivo. Desde entonces, han estado exigiendo la titularidad del territorio, primero a nivel nacional y ahora a nivel internacional.
El Gobierno guatemalteco fue notificado en septiembre de 2020 de que el caso había sido remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según informó la Procuraduría de la Nación (PGN) a Mongabay en un comunicado por escrito.
Según la PGN, que representa los intereses legales del Estado de Guatemala en procesos tanto nacionales como internacionales, el país ha cumplido con sus obligaciones conforme a la ley nacional para asegurarse de que se respeten los derechos humanos de los miembros de la comunidad Agua Caliente.
Además, asegura que la tierra fue registrada a nombre de los miembros de la comunidad en 2019, que se concluyó un proceso de consulta relacionado con la mina Fénix en diciembre de 2021 y que las investigaciones por actos de violencia continúan.
Fuente: Mongabay