En medio de los debates sobre la reforma de la Ley de Glaciares, representantes de Greenpeace participaron en la reunión plenaria de las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación para advertir sobre los riesgos que estarían ligados a este proyecto. En ese sentido, expusieron -junto a otros organismos activistas- sus preocupaciones sobre cómo los cambios propuestos podrían afectar las fuentes de agua dulce del país.
El impacto de la Ley de Glaciares
La ONG afirmó que la modificación de esta norma clave sería perjudicial para millones de argentinos en términos de suministro potable, porque los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de este recurso que, a su vez, sostienen no sólo el consumo humano sino también actividades económicas regionales como la agricultura y el turismo.
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Durante su intervención, activistas y especialistas señalaron que trasladar la autoridad de aplicación de la ley desde un control nacional hacia las provincias podría debilitar las garantías ambientales, generando decisiones discrecionales sobre el uso y la protección de estos cuerpos de hielo y su entorno.
Desde Greenpeace enfatizaron que este cambio no solo contraviene compromisos constitucionales y acuerdos ambientales internacionales, sino que también ignora el papel que cumplen los glaciares como reguladores del ciclo hídrico en un contexto global de crisis climática que acelera su retroceso.
El cuidado del agua
En la misma línea, hicieron hincapié en que proteger los glaciares no se contrapone al desarrollo, sino que garantiza la seguridad hídrica y estabilidad ecológica necesaria para el futuro del país, devolviendo el foco al impacto ambiental de las decisiones legislativas.
Greenpeace y otras voces ambientales insisten en que cualquier transformación normativa debe asegurar la protección del recurso hídrico y no debilitar los mecanismos que lo resguardan frente a la crisis climática.