Argentina fue el único país que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que se deliberó esta semana en Nueva York. Se trataba de un documento que pretendía reforzar el compromiso internacional con las comunidades originarias, al tiempo que favorecía su acceso a la justicia y promovía la protección del ambiente.
El proyecto había sido integrado a las Naciones Unidas el pasado 22 de octubre impulsado por México, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Liberia; lo que buscaba era otorgar reconocimientos y proteger los derechos de estas personas a nivel mundial.
Por otra parte, el acuerdo favorecía su participación en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus tierras y recursos a fin de respetar las tradiciones y conocimientos ancestrales que predican.
- Quizás te pueda interesar: “Consultan a los pueblos indígenas sobre la venta de créditos de carbono en Brasil”.
Un mensaje claro
Varios medios locales aseguran que, con la negativa, el oficialismo marca sus claras diferencias con la Agenda 2030 y el Pacto Futuro. Asimismo, recalcan que el desplazamiento de Diana Mondino de la cancillería -tras la votación a favor de que Estados Unidos concluya con el embargo a Cuba- es una clara bajada de línea respecto a la posición que está tomando el país frente al mundo, especialmente en temas geopolíticos y estratégicos.
Los pueblos indígenas bajo la lupa
En contraparte, las naciones con las que el presidente Javier Milei asegura estar alineado (Israel y Estados Unidos), estuvieron ausente y a favor de la resolución, respectivamente. Cabe destacar que esta es la primera participación de Gerardo Werthein en la agenda global desde que fue designado como ministro de Relaciones Exteriores.
La persona que dio el no definitivo fue Fabián Oddone, quien se desempeña como encargado de negocios de la Embajada Argentina en Nueva York y quien recibió la instrucción desde Buenos Aires. Si bien es experto en temas de derechos humanos, votó en contra de un documento que exhorta a los países de la ONU a incluir a las comunidades indígenas en la formulación de políticas ambientales.