El oficialismo realizó la disolución de tres fondos fiduciarios públicos mediante el Decreto 463/2025, el cual fue emitido en el Boletín Oficial. Como ya argumentaron en ocasiones similares, esta resolución fue en respuesta a supuestas irregularidades detectadas en la administración de estas iniciativas. Con estos nuevos cierres de ayuda financiera, ya son 29 en lo que va del mandato.
La quita de los fondos
En concreto, la resolución marca el cierre del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), junto con el Fideicomiso Financiero y de Administración para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).
Estas modificaciones se dan bajo un contexto de reducción de la estructura del Estado, que es uno de los objetivos propuestos por el Gobierno.
La administración nacional acudió a la aplicación de la Ley 27.742, que la faculta para modificar, transformar o liquidar fondos fiduciarios públicos debido a condiciones legales y administrativas “de conformidad con las reglas que allí se establecen y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable”.
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El informe del Gobierno indica que con respecto al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, se registraron numerosas irregularidades. Una de las más significativas -según alegan-, fue la contratación de al menos 62 personas durante el 2023 de las cuales “no pudo constatarse el cumplimiento de los entregables establecidos en las condiciones de contratación“.
Los detalles del Fondo Nacional de Manejo del Fuego
El documento también advierte sobre “demoras en los procesos de contratación para la compra de autobombas, falta de respaldo documental de los oferentes y modificaciones unilaterales a las especificaciones técnicas con posterioridad a la adjudicación de las contrataciones”.
Además, remarca que “durante los ejercicios 2022/2023 fueron transferidos al fideicomiso $26.000 millones, mientras que los recursos utilizados en la finalidad objeto del Fondo sólo fueron por $70 millones”.
Este fondo tenía como objetivo brindar una asistencia a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de las respuestas necesarias para detener los incendios forestales.