Tras los incendios que consumen al país desde junio y que ya arrasaron 4 millones de hectáreas, el gobierno prohibió por tiempo indefinido las quemas, a la vez que dispone el repoblamiento de fauna y flora de las áreas afectadas.
Lo que promueve este decreto
El Decreto Supremo 5225 señala que “todas las autorizaciones de quema emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra quedan suspendidas”, a la vez que prohíbe la emisión de nuevas autorizaciones.
En el mismo se establece que las tierras fiscales afectadas serán consideradas “no disponibles” por al menos cinco años. Además, desde los ministerios que componen al gobierno boliviano se presentó un proyecto de ley para modificar las sanciones a quienes originen los incendios, imponiendo penas de cinco a doce años.
Por otro lado, desde ayer el vicepresidente, Luis Arce, y los 17 ministros se encuentran gobernando desde Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento donde se registra la mayor cantidad de incendios forestales, con un total de 74 según el último reporte.
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Las repercusiones de la medida
El reciente decreto de “pausa ambiental” generó reacciones en la oposición. Por ejemplo, la diputada Luisa Nayar la definió en sus redes sociales como “cínica e hipócrita”. En concreto, considera “una burla sangrienta” decretar la pausa ambiental “cuando recién están dejando de quemar los delincuentes, después de más de cuatro millones de hectáreas arrasadas y miles de animales muertos, y cuando están empezando las lluvias”.