Los Estados miembros no lograron ratificar una ley destinada a obligar a las grandes empresas a actuar con respeto sobre temas vinculados a los derechos humanos, como la explotación infantil y el ambiente, a lo largo de sus cadenas de suministro.
Esta es la segunda vez, en un plazo de 20 días, que no han podido reunir mayoría para dar paso a la directiva. Teniendo en cuenta que está próxima la disolución de la eurocámara para una nueva convocatoria de elecciones en junio, la iniciativa corre riesgo de no poder ser adoptada este año.
Los derechos humanos en riesgo
Según advierten numerosas ONG vinculadas a los derechos humanos, el continuo rechazo a estas políticas pone en peligro también la “credibilidad” de la Unión en cuanto a su fiabilidad negociadora y su utilidad.
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Desde el Parlamento hay quienes acusan a Alemania, Francia e Italia de no hacer lo suficiente considerando el peso que tienen en el bloque. Asimismo, denuncian que esta ley debería ser una referencia global para incentivar la responsabilidad empresarial, pero que hay países que prefieren ser funcionales a los lobbies en lugar de a sus ciudadanos. Esto último hace referencia a una recolección de firmas a favor de la aprobación de esta ley, que resultó en el apoyo de más de 100 mil personas.
La propuesta
La directiva en cuestión es conocida como Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa y establece una serie de responsabilidades y obligaciones para las compañías respecto a impactos “actuales y potencialmente adversos” en materia de derechos humanos en sus propias operaciones, en sus subsidiarias y por parte de sus socios.
La normativa preveía multas por un valor no menor del 5 % del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora.