Esta semana, el Supremo Tribunal Federal de Brasil falló por mayoría contra la tesis del marco temporal que obligaba a reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la selva amazónica, en una resolución que le aplica un duro golpe a los planes expansionistas del agronegocio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.
La justicia rechazó por 7 contra 2 (aún restan otros dos votos), la presentación de las entidades rurales que querían que no se reconocieran las tierras indígenas reivindicadas después de la Constitución de 1988, que actualmente está en vigor.
La polémica votación, desencadenó movilizaciones a lo largo del todo el país por parte de movimientos indígenas.
Edson Fachin, relator del caso, remarcó que el derecho de los pueblos indígenas a la tierra es anterior a la creación del Estado y que, por lo tanto, no debe definirse en ningún marco temporal.
Y el supremo recordó que la Constitución define los derechos indígenas como «fundamentales» y la misma alega que los pueblos tienen «derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan».
Por su parte, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se opuso a la tesis de los ruralistas, al punto que su gobierno cuenta con un gabinete que cuenta por primera vez con un Ministerio de Pueblos Originarios.