El país recibirá la próxima cumbre de cambio climático de la ONU en noviembre, pero la ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia que el gobierno restringió el activismo ambiental, obstaculizando e impidiendo el trabajo de las organizaciones ecologistas con prácticas que incluyen el acoso y la intimidación.
La organización publicó un informe en el que describe «una drástica reducción del espacio para un trabajo independiente sobre ambiente y clima desde que el presidente Abdelfatah al Sisi asumió el cargo, en 2014».
El director de Ambiente de HRW, Richard Pearshouse, sostiene que los obstáculos arbitrarios impuestos por el gobierno egipcio debilitaron a los grupos ambientales locales, forzando a algunos activistas al exilio y a otros a evitar un trabajo significativo. Además, lo acusan de violar los derechos de reunión y asociación, y de amenazar la capacidad de Egipto de cumplir con sus compromisos con el ambiente y la acción contra el cambio climático.
Varios de los entrevistados, que accedieron a hablar en condición de anonimato para preservar su seguridad, denunciaron un patrón de acoso hacia quienes trataban temas ambientales sensibles para el Gobierno, con llamadas intimidatorias, controles e interrogatorios exhaustivos al entrar o salir del país e incluso impedimentos para viajar al extranjero.
HRW detectó que los temas más delicados son aquellos que tienen que ver con la pasividad gubernamental para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los daños causados por intereses corporativos, así como con los impactos ambientales de los «opacos» negocios de los militares.
Otras formas de represión contra los ecologistas, similares a la ejercida contra todo tipo de activismo, son los obstáculos de las organizaciones no gubernamentales para registrarse como tales, el temor a que sea detenida la gente entrevistada durante los trabajos de campo o las restricciones de financiación.
Desde 2014, recuerda HRW, se han aprobado varias leyes que castigan con hasta la pena de muerte por recibir dinero de fuentes extranjeras si se considera que el dinero va destinado a perjudicar el «interés nacional» o minar la seguridad pública.
La ONG muestra que muchas organizaciones cerraron y en su lugar surgieron otras cuyo trabajo va en línea con las prioridades del Gobierno y trabajan aspectos no políticos como la recolección de basura, el reciclaje o las energías renovables.
Fuente: Infobae