El pasado 15 de enero, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de Derechos Humanos, y Antonio Díaz Valencia, profesor líder de la comunidad indígena de Aquila, en Michoacán, fueron secuestrados y continúan desaparecidos. Ahora la comunidad y organizaciones de todo el país exigen su aparición con vida.
En ese sentido se manifestó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la cual condena la desaparición de los defensores de derechos humanos ocurrida en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima. Asimismo, «hace un urgente llamado a las instituciones del Estado mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida».
De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, los defensores se encontraban llevando a cabo actividades relacionadas con su labor de defensa cuando tuvieron la última comunicación con sus familiares. Posteriormente, la camioneta en la cual viajaban fue localizada abandonada, con impactos de arma de fuego. El paradero de ambos defensores es desconocido.
Ricardo Lagunes es abogado y ha colaborado en la defensa de derechos humanos con diversas organizaciones, nacionales e internacionales, incluyendo litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antonio Díaz es integrante de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila, profesor y defensor de derechos humanos, quien ha sido crítico y opositor al desarrollo de la mina Aquila, en operación desde 1998.
Guillermo Fernández-Maldonado Castro, Representante en México de la ONU-DH, destacó: «La desaparición de estos dos defensores es un hecho terrible y alarmante. En México defender los derechos humanos es una labor absolutamente primordial, que debe ser protegida. Este crimen no sólo socava los derechos humanos de ambos defensores, sino que busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley. No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida». Además, agregó: “Es importante notar que al menos uno de los defensores contaba con medidas de protección del Estado, que no lograron impedir su desaparición”.
Por otro lado, la ONU-DH recuerda que el compromiso al que suscribió el Estado mexicano de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente. «El artículo 9 del Acuerdo de Escazú, tratado de derechos humanos ratificado por el Estado mexicano, establece la obligación de adoptar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar cualquier ataque contras las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Asimismo, recuerda que el Comité contra la Desaparición Forzada estableció, en los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que la búsqueda debe iniciarse sin dilación y que las acciones de búsqueda deben incluir, cuando sea necesario, el desplazamiento a los lugares pertinentes».
La comunidad en general se solidarizó con los familiares de Lagunes y Díaz, solicitando su búsqueda exhaustiva, exigiendo su aparición con vida y reclamando el esclarecimiento de los hechos y las sanciones pertinentes a los involucrados.