Con el objetivo puesto en lograr el superávit fiscal, el Gobierno redujo a más de la mitad distintas partidas para el desarrollo humano a tal punto que sufrieron un derrumbe de casi el 50% en términos reales.
Frente a estas acciones, los especialistas en temas ambientales denuncian un malestar con respecto al saldo positivo logrado por Economía, ya que se trató fundamentalmente de un desfinanciamiento «brutal» de programas.
La reducción del presupuesto de ambiente
Matías Cena Trebucq, economista del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que «el afán por superávit fiscal se tradujo en recortes presupuestarios» y que existió «una decisión política de desfinanciar partidas ambientales».
Desde la ONG mencionada creen que el hecho se realizó a partir de una concepción ideológica y no por una falta real de presupuesto para esta área.
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Además, el Monitor Ambiental del Presupuesto realizado por la entidad, indicó que solo es necesario el 3% del superávit fiscal financiero para mantener estables en términos reales las partidas ambientales y las destinadas a la penetración de las energías renovables.
La falta de soluciones
Otra de las problemáticas que se podrían agravar a partir de este recorte sería el estado del Riachuelo, ya que desde la FARN comunicaron que entre enero y junio solo se ejecutó el 6,9% de lo presupuestado para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En ese sentido explican que, por cada $100 que se ejecutaron el año pasado, en el corriente año se ejecutaron apenas $4.
Al respecto, recordaron que los proyectos lanzados por el Gobierno, como la ley Bases y el RIGI fomentan la extracción de combustibles fósiles ya que promociona estas acciones a través de medidas como la eliminación de regalías, la agilización de concesiones, las exenciones impositivas y arancelarias, y el libre acceso a las divisas generadas.
