Se labraron denuncias por construcciones de terraplenes, desmontes e ingreso de maquinarias en el Delta Islas del Paraná, todas actividades prohibidas por un amparo de la justicia federal. Al mismo tiempo, se publicó un documento firmado por 1872 científicos de todo el país apoyando la ley de humedales que se convocó a tratar en comisión plenaria este jueves 3 de noviembre.
En 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado constituir un Comité de Emergencia Ambiental para atender los crecientes incendios en la zona de las islas. En consonancia, el juez federal Alonso del Juzgado N°2 de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental que continúa vigente y establece “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el ambiente”, haciendo responsable a la Gendarmería Nacional de identificar el ingreso de cualquier maquinaria que tenga fines de construir diques, terraplenes o bien cuente con el potencial de modificar y alterar el ecosistema.
A pesar de estas medidas provisorias, mientras el proyecto de ley de humedales continúa trabado en comisiones, el año pasado aparecieron nuevas denuncias de ingreso de distintos equipamientos productivos y en 2022 se mantiene igual.
La propia Secretaría de Comunicación del gobierno de Entre Ríos confirmó oficialmente que visualizaron, a través de vuelos y patrullajes realizados sobre las islas Lechi-guanas, jurisdicción de Gualeguay, áreas donde rige el amparo ambiental donde ya ingresaron maquinarias, al mismo tiempo que constataron grandes desmontes en los humedales.
Si bien se labró el acta de constatación y se dio aviso inmediato al Juzgado Federal de Victoria con intervención de la policía de la provincia y Prefectura Naval Argentina, las denuncias continúan apareciendo por nuevas desviaciones del agua ribereña aprovechando la bajante que padece el Río Paraná hace ya un tiempo, en violación a la medida cautelar impuesta por la justicia federal como también a decretos provinciales.
En esta línea, la Sociedad Rural Argentina calculó a principio de año que, tras los incendios en Corrientes, la destrucción de 300.000 hectáreas de humedales había causado una pérdida de $25.000.000.000, dejando en claro que la devastación no es solo de naturaleza, biodiversidad y salud humana, sino también de las economías productivas regionales y locales.
Aún es incierto lo que sucederá este jueves en torno al dictamen de ley, que solo representaría un primer paso para que el proyecto pueda debatirse dentro del Congreso de la Nación.