Desde el Ejecutivo plantearon cambios sobre la norma 26.639 que fija las regulaciones para la habilitación de actividades económicas en la zona periglaciar. Los mismos prevén ser modificados mediante decreto y resultarán en la ampliación de los márgenes de explotación.
La respuesta del Gobierno
Desde Nación aseguran que, de este modo, buscan darle seguridad jurídica a los proyectos de inversión que se instalen en esas áreas. En relación a ello, varias organizaciones ecologistas denunciaron que esta decisión implica ceder ante las presiones del sector empresarial.
Los mayores temores giran alrededor de la posible liberación de productos químicos o residuos, propios de las instalaciones industriales y las exploración minera e hidrocarburífera que se pretende habilitar en zonas protegidas.
La legislación actual pena dichas actividades en el área a través de multas que llegan a los cien mil sueldos básicos junto a la suspensión y cese definitivo de los trabajos. Desde el oficialismo aseguran que, aunque se pretende flexibilizar las normativas, se seguirán exigiendo informes de impacto ambiental para la aprobación de cualquier proyecto industrial.
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Los glaciares en la Argentina
Explican que apuntan a darle mayores atribuciones a las provincias sobre estos espacios y recursos, lo que favorecerá su economía. Estas modificaciones están vinculadas a otros cambios que se dieron a comienzos de la gestión relacionados a la reestructuración del esquema de financiamiento de bosques y de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares.