La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre Argentina presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda a Santiago del Estero y al Estado Nacional “por el grave daño ambiental de incidencia colectiva que produce la obra pública Nuevo Canal de la Patria”, según afirman.
Los obligaciones del gobierno
Explican que la medida se tomó por la falta de respuestas, pese a la Resolución N° 53/24 emitida por la Defensoría del Pueblo de la Nación en diciembre del año pasado. La misma intima a los gobiernos provincial y nacional a adoptar medidas correctivas y de mitigación sobre esta infraestructura.
Mediante la demanda, se solicita la implementación de un Plan de Recomposición que incluya el monitoreo, la zonificación -con entubamientos y posibles bebederos-, la proyección de obras de mitigación y la elaboración de un plan de gestión ambiental integral.
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Cristian Fernández, coordinador de Legales en FARN, sostuvo que esta obra “está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas”. Además, explicó que la estructura “fragmenta el hábitat y bloquea el movimiento natural de la biodiversidad chaqueña”, lo que actúa “como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético”. En ese sentido, enfatizó que “urge rediseñar esta infraestructura para garantizar el acceso al agua —como derecho humano fundamental— sin destruir la vida que depende de estos ecosistemas”, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la ecorregión del Chaco Seco, una de las más amenazadas del planeta.
El peligro del Nuevo Canal de la Patria
Esta amenaza a la fauna local se debe al diseño del canal, que tiene paredes de hormigón que resultan demasiado resbaladizas para los animales, lo que impide que al caer puedan salir. Entre 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) realizaron relevamientos en la zona, lo que permitió documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en sólo seis meses. La ONG incluso las califica como peligrosas para las personas.