La discusión sobre la normativa se ve exacerbada luego de que un grupo integrado por países como Austria, Luxemburgo, Italia y Finlandia, exigieran a la Comisión Europea que retrase su implementación. Esto se da en un contexto en el que el organismo anunció que la mayoría de los países quedarán exentos de los controles más estrictos.
Los objetivos de la ley
Esta legislación, pionera a nivel global, tiene como objetivo reducir el 10% de la deforestación en el planeta, que según las estimaciones, se vincula al consumo europeo de productos como soja, aceite de palma, carne vacuna, café y cacao. Este debate ha llegado a tener niveles de alta tensión dentro del bloque y ha tenido numerosas críticas.
La propuesta fue presentada por la Unión Europea en 2023, y debido a las presiones de socios comerciales como Brasil y Estados Unidos se prevé que su entrada en vigencia se dé en diciembre de 2025.
El reciente reclamo, que cuenta con la firma de once gobiernos, afirma que las exigencias para los productores agrícolas y forestales son casi imposibles de cumplir y “desproporcionadas” con los objetivos de la ley.
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El debate sobre la normativa
Este grupo plantea aplazar nuevamente la fecha de aplicación y crear una nueva categoría de países según su nivel de riesgo. Así, los más vulnerables quedarían exentos de controles aduaneros y del requisito de rastrear el origen de las mercancías.
En estos momentos la normativa tratada indica que todas las empresas que quieran comercializar ciertos productos en el mercado europeo deberán presentar declaraciones de diligencia para demostrar que no realizan actividades de deforestación. Dicho apartado también se aplicará a las exportaciones desde la UE.
Frente a este documento la Comisión Europea no se ha pronunciado. El debate sobre esta nueva crítica a la normativa se realizará este lunes por los ministros de Agricultura en Bruselas, en lo que se presenta como una sesión clave para el futuro de esta legislación.