Este jueves trascendió que el Gobierno Nacional convalidó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, lo que generó reacciones en contra por parte de los ambientalistas, la sociedad y de ciertos legisladores.
Esta medida implica un avance de la frontera agropecuaria y un nuevo color identificatorio (marrón) en la demarcación territorial de los bosques nativos y las comunidades originarias.
La legislación de los bosques nativos
La insistencia del campo se debe a que la legislación de la Unión Europea en materia ambiental establece que desde el año 2025 sólo importarán materias primas y productos libres de deforestación. De este modo, la normativa argentina vigente implica que la mercadería del agro salteño no podrá comercializarse.
Según información de Greenpeace y de la Fundación Cebil de Salta, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en el año 2007 hasta el 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, de las cuales la mayoría se encontraba en zonas donde el desmonte no está permitido.
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Además, estas organizaciones alertan que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos permitirá el desmonte de otras 721.568 hectáreas. Esto, entre otras cosas, incumpliría el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030 que firmó nuestro país en la Cumbre Climática de Glasgow en 2022.
El avance de una problemática
En este contexto, Greenpeace y Fundación Cebil informan que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental y, en la práctica, no constituye una zonificación flexible, sino una falta de claridad en cuanto a los espacios donde sí se puede desmontar y donde no.
Por último, tal como consigna el medio Nuevo Diario de Salta, “la categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques ni fue puesta a consideración en las reuniones oficiales con el Consejo Asesor”. Agregan que “esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales”.