El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva debe definir para el próximo 8 de agosto, si promulga o no el proyecto de ley sobre licencias ambientales que ya fue aprobado por el Congreso el pasado mes de julio.
Este proyecto -que cuenta con el apoyo del lobby agrícola del país- propone una simplificación administrativa y burocrática, con el fin de acelerar los plazos y generar impulso económico a través de actividades como la deforestación. La iniciativa pone en peligro la salud del ambiente en el país, ya que la actividad mencionada es causante de índices alarmantes en zonas fundamentales para el ambiente en Brasil como lo es la Amazonia.
La polémica de la ley de licencias ambientales
La normativa, rebautizada como “el proyecto de ley de la devastación”, ha causado indignación y rechazo en varios sectores de la sociedad, donde se dió un debate aún más acalorado que el que está abocado a la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas. Este repudio, se pudo ver en varios edificios del centro de San Pablo donde se ha proyectado, en señal de protesta, la frase “Prohíbe todo, Lula”.
De recibir el quorum necesario, se establecerá una profunda reforma del sistema de licencias ambientales en el gigante latinoamericano, donde habrá nuevas modalidades donde se facilitará la obtención de autorizaciones necesarias para realizar distintas obras públicas y actividades económicas.
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Entre los apartados de la ley que fueron más criticados, se hallan dos nuevas licencias ambientales que presentan un alto grado de vulnerabilidad, las cuales son la licencia medioambiental única (LAU) y la licencia de adhesión y compromiso (LAC). La primera se encarga de dar una autorización “todo en uno”, donde en un solo paso se lleva a cabo la instalación, ampliación y funcionamiento de una actividad. Mientras que la segunda, realiza un procedimiento simplificado, basado en la autodeclaración de las empresas, que reduce distintos controles medioambientales preventivos y el papel de organismos como el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente).
La mirada d distintos organismos
Otro de los puntos a tener en cuenta de la nueva ley es que el organismo Fundación Nacional del Pueblo Indígena (FUNAI), que tiene como objetivo proteger a las comunidades indígenas del país, solo podrá intervenir en este proceso si uno de los territorios indígenas denominados homologados hayan completado un proceso de demarcación y registro por las distintas autoridades competentes.
La polémica no ha permanecido exclusivamente en Brasil, ya que cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación”. Sobre esta nueva normativa, los expertos advirtieron que representa un “grave retroceso” legislativo para Brasil, por lo que han indicado que es lo correcto rechazar una promulgación de la misma.