El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, anunció esta semana el refuerzo del despliegue en el estado amazónico de Roraima para retirar a los casi 15.000 ‘garimpeiros (mineros ilegales)’ instalados en las tierras indígenas yanomamis.
En un comunicado expresado en redes sociales, afirma que su decisión va en línea con el cumplimiento del decreto del presidente Lula, sobre el aumento de la presencia de la Policía Federal y de la Fuerza Nacional en la región.
El plan pretende realizar primero un «estrangulamiento logístico», es decir, bloquear los accesos y desmantelar los depósitos que abastecen a las minas –como confiscar las embarcaciones que transportan combustible a la zona– y que los ilegales salgan así del territorio sin tener que recurrir a la fuerza.
Según Dino, la expectativa es que cuando la Policía comience a utilizar la «fuerza coercitiva», el 80 % de las personas que se encuentran en territorio indígena ya lo hayan abandonado. Se calcula que unos 500 agentes de la Policía Federal y del Ejército serán desplegados y, según el ministro de Justicia, llegarán 100 miembros de la Fuerza Nacional a Roraima.
El ministro de Defensa, José Múcio, estará presente este miércoles junto a otros mandos militares para dirigir las operaciones, que durarán unos dos meses.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decretó el 20 de enero el estado de emergencia ante la crisis sanitaria y de seguridad que sufren los indígenas yanomamis a causa de la minería ilegal.
Según el Ejecutivo, al menos 570 niños yanomami murieron por contaminación con mercurio, desnutrición y hambre, «debido al impacto de las actividades mineras ilegales en la región».
Además, el Ejecutivo también ordenó una investigación sobre posibles crímenes de genocidio contra las comunidades indígenas.