Brasil está en el primer puesto del ránking internacional. De las 200 muertes de activistas del medioambiente monitoreadas por Global Witness en 2016, 49 se produjeron en territorio brasileño por causa del agronegocio.
Nunca tantas personas fueron asesinadas en el mundo por defender el medio ambiente como en 2016. El liderazgo de la clasificación que monitorea este tipo de violencia, lo tiene, una vez más, Brasil: donde se produjeron 49 muertes el año pasado, según hizo público la organización Global Witness.
Global Witness reúne las informaciones desde 2002, y hace cinco años que Brasil apareció por primera vez en el primer lugar de la lista. Desde entonces, el país nunca más perdió su posición de «liderazgo”.
Amazonas: Territorio violento
Rondônia, Maranhão y Pará – que forman parte de la Amazonia Legal – fueron los estados más violentos en 2016. Para la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada en 1975 e inicialmente vinculada a la Iglesia Católica, el avance de la frontera agrícola está por detrás de ese escenario.
Al igual que Global Witness, CPT contabiliza los asesinatos de los líderes comunitarios, indígenas, sin tierra y trabajadores rurales, entre otros colectivos. En 2016, el órgano contabilizó más muertes aún que la ONG: 61 víctimas.
El lobby del agronegocio
El investigador Carlos Alberto Feliciano, de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), publicó una serie de artículos sobre la violencia en el campo. Calcula que, desde 2000, cerca de un millón de familias sufrieron amenazas por causa de conflictos. El investigador detalla que van desde desalojos, destrucción de la cosecha y de la casa y amenazas físicas. Según los datos divulgados por el propio sector, el agronegocio necesita, hasta 2026,15 millones de hectáreas. Para expandirse así, tiene que extenderse en las tierras de alguien. Entonces, la tendencia es que esa violencia aumente.
Cómo frenar la violencia
La lucha por los derechos de la tierra y por los recursos naturales motivaron los 200 asesinatos registrados en 2016 en todo el mundo. Global Witness considera que la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas, explotación de madera y agropecuaria sobre el territorio ocupado por las comunidades tradicionales y sin consentimiento de ellas, impulsan las muertes.
Global Witness responsabiliza a gobiernos, empresas, inversores y socios bilaterales del escenario que lleva las muertes.
En Brasil, el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, creado en 2004, ayuda a siete estados del país, pero no cubre los tres con mayor número de muertes en 2016: Maranhão, Pará y Rondônia.
Fuente: DW