El escándalo del fraude en las emisiones de motores diésel ha puesto al Gobierno alemán ante una incómoda disyuntiva: seguir presentándose como adalid de la lucha contra el cambio climático o mantener su protección a los grandes exportadores de su industria automovilística.
Grupos ecologistas y la oposición acusan de inacción a la gran coalición de conservadores y socialdemócratas en el Ejecutivo desde 2013, y exigen medidas urgentes para reducir las emisiones de los vehículos y que los fabricantes asuman su costo.
Para iens Hilgenberg el Gobierno alemán podría tomar decisiones que tuviesen un claro efecto para atajar la contaminación. Entre las opciones que destaca se encuentra la de establecer zonas de bajas emisiones, áreas principalmente urbanas en las que sólo podrían circular los vehículos menos contaminantes, los que obtuviesen el denominado «distintivo azul», lo que impediría circular dentro de estas zonas a millones de automóviles diésel.
Sin embargo, el actual ministro de Transporte, Andreas Shoia, y la ministra de Ambiente, Svenia Shultse, se mostraron en contra de esta propuesta, alegando que afectaría negativamente a muchos ciudadanos y negocios. El Ejecutivo, en cambio, se mostró a favor de reparar los vehículos diesel afectados por el escándalo de la manipulación de emisiones.
La ministra de Ambiente sugirió una llamada a talleres de los vehículos que precisan una sustitución de componentes para cumplir con los límites de emisiones, empezando por los de las ciudades más contaminadas.
Por otro lado, el Gobierno alemán aprobó medidas a medio y largo plazo para reducir la contaminación, incluso algunas que le suponen un importante desembolso. Este año va a dedicar 750 millones de euros a promover el salto al autobús público eléctrico, digitalizar el tráfico y reducir las emisiones de los motores diésel en el transporte urbano a través de un fondo al que el sector automovilístico debe aportar por su parte 250 millones.
Fuente: Hemisferios/El Economista