Se trata de una herramienta pública que brinda información, a un potencial comprador o inquilino, respecto a qué tan eficiente es una casa en cuanto al uso de energía.
Detrás de esta política pública, lo que se busca es que crezca el ahorro, teniendo en cuenta que el 20 % de la demanda total de todo el país se concentra en domicilios particulares.
La eficiencia energética individual o familiar llevada a una escala nacional representaría un impacto significativo en las cuentas públicas ya que el etiquetado ayudaría a un ahorro del 40% de ese consumo, según las proyecciones de AGBC (Argentina Green Building Council), en la reciente conferencia «Etiquetado Energético en la Vivienda: Una decisión impostergable».
En base a la demanda registrada en 2022, ese ahorro – en caso de abarcar a todas las viviendas del país- sería superior al consumo eléctrico de toda una ciudad como Córdoba o Rosario e incluso casi equivalente al del Gran Buenos Aires.