El Principado de Asturias «suspende» en acceso a la información y la justicia en materia de medio ambiente, según ha concluido el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en la 11ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Justicia bajo el Convenio de Aarhus en Ginebra.
En esa reunión concluyeron que España debe retirar las barreras al Derecho de Acceso a la Información y Justicia en materia de medio ambiente. España es parte del Convenio de Aarhus, y como tal, está sujeta a obligaciones que también están recogidas en la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente. Este tratado internacional también establece la obligación de las administraciones de difundir de forma activa la información medioambiental.
A pesar de que existen ciertas garantías de acceso a la información y justicia para organizaciones de utilidad pública como IIDMA, el proceso se suele ralentizar y se alarga de forma excesiva, lo que supone un obstáculo a este derecho. De igual forma, IIDMA destacó los subterfugios a los que recurren algunas administraciones en España, como la denegación, el retraso reiterado o falta de respuesta a solicitudes de información clave para la defensa del medio ambiente. Asimismo, en ocasiones se deniega la justicia gratuita y/o se demora durante el proceso judicial la entrega de los documentos necesarios para formular la demanda.
«España debe garantizar el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, ya que son derechos fundamentales en un estado democrático. Las administraciones deben cumplir con sus obligaciones, como el resto de la población. Las barreras que establecen suponen un menoscabo del Estado de Derecho y un retroceso democrático, obligando a quienes defendemos el medio ambiente a acudir a los tribunales para acceder a la información que debería ser facilitada de forma activa. El Acceso a la Información y a la Justicia en materia de medio ambiente ya está reconocido en la Ley, pero es papel mojado si las instituciones públicas que deberían observar su aplicación y cumplimiento no la respetan» ha afirmado Ana Barreira, Directora de IIDMA.
Fuente: Ecoticias