El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde, a través de 77 votos, a un proyecto presentado por el Ejecutivo que busca optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica.
La normativa causó un revuelo político y social, ya que fue cuestionada por movimientos indígenas que temen impactos ambientales y afectaciones al acceso al agua en distintos sectores del territorio.
El debate por la ley minera
En el transcurso de la sesión hubo posiciones a favor de la regulación minera, combatir la minería ilegal y atraer inversión para fortalecer la economía. Pero estas ideas no estuvieron en el texto final ya que distintos legisladores consideraron que las mismas afectaban la entrega del 30 % del superávit de las empresas públicas de generación eléctrica a la región amazónica.
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Según afirman los impulsores de la iniciativa, ésta busca fomentar el desempeño energético o de los sectores mineros a partir de ingresos fiscales y divisas, y que contribuya a la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del Estado.
Frente a este debate, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que la Asamblea debía decidir entre “el agua y el extractivismo”. Según la organización, la ley “va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas”, al considerar que “reemplaza licencias ambientales por autorizaciones simples”.
Las polémicas de la normativa
Además, el dirigente ambiental indígena y excandidato presidencial, Yaku Pérez, reveló que la normativa implica “firmar la partida de defunción a la mega biodiversidad” de Ecuador y adelantó que buscarán frenar su entrada en vigencia a través de una medida cautelar ante la Justicia.
De hecho, uno de los puntos más polémicos de la normativa es el otorgamiento de permisos de libre aprovechamiento y extracción de materiales pétreos en Zonas de Aprovechamiento Sustentable fuera del Parque Nacional Galápagos.