La gestión de los recursos públicos destinados a la prevención quedaron bajo la lupa tras revelarse que, durante el ejercicio del 2025, una cuarta parte de los fondos para el Plan Nacional de Manejo del Fuego no fue ejecutada. Esta información sale a la luz en un momento crítico, donde la Patagonia está al límite de su capacidad operativa -y de insumos- para combatir las llamas.
El uso del prepuesto del manejo del fuego
De acuerdo con los datos oficiales, analizados por el medio Chequeado, el recorte afectó áreas sensibles, como la adquisición de equipamiento de protección personal y el mantenimiento de la flota hidrante. Cabe destacar que el número no asignado supera los 15.000 millones de pesos, los cuales quedaron inmovilizados en las cuentas del Tesoro pese a las alertas tempranas que pronosticaban una temporada de sequías extremas y altas temperaturas.
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Este ahorro administrativo se ve reflejado en fallas en la logística de prevención. Especialistas en políticas públicas señalan que, si bien el presupuesto había sido aprobado por el Congreso, la discrecionalidad en la transferencia de las cuotas de pago impidió que las provincias reclamaran la falta de los refuerzos económicos pactados. La situación se agrava al considerar que la inflación del período diluyó parte del dinero recibido.
Denuncian que la no ejecución del saldo remanente no sólo representa una decisión técnica de “austeridad”, sino que deja un vacío en la infraestructura de seguridad ambiental que resulta difícil de compensar una vez que los incendios se propagan, como está ocurriendo actualmente.
El impacto ambiental en la Patagonia
En ese sentido, explican que la prevención es significativamente más económica que el combate directo y posterior restauración de los ecosistemas. La inacción en el uso de estos recursos genera un costo ambiental y social de largo alcance, afectando no solamente el terreno y su biodiversidad, sino también al turismo y a la seguridad de las poblaciones rurales e indígenas que dependen de él.
Esperan que esta denuncia impulse un mejoramiento en la auditoría interna sobre procesos de compra y licitación de servicios de emergencia. Creen que la transparencia es fundamental para garantizar que los sistemas de protección civil funcionen, a modo de que cuenten con la previsibilidad necesaria para enfrentar el fuego y otros fenómenos climáticos cada vez más recurrentes.