Alrededor de 40 asambleas ambientales firmaron un comunicado conjunto en el que denuncian que el intento del presidente Javier Milei de modificar la Ley Nacional de Glaciares mediante un decreto es una medida “inconstitucional, regresiva y violatoria de los derechos colectivos al agua y al ambiente sano”.
Las oreganizaciones ambientales en alerta
La mencionada Ley, aprobada en 2010, “define un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial, con el objetivo central de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos”, tal como explica el portal oficial del gobierno, sin importar su tamaño ni su estado de conservación.
En ese sentido, busca, además, “proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos como atractivo turístico”. En su artículo 3, crea el Inventario Nacional de Glaciares para individualizar cada uno y registrar “toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo”.
Sin embargo, trascendió que el Poder Ejecutivo pretende modificar los criterios de protección y dejar afuera a los glaciares que tengan menos de una hectárea, lo que es interpretado como la habilitación necesaria para su destrucción. Esto encendió las alertas entre los asambleístas, quienes destacan que estos cuerpos cumplen una función clave, sobre todo en las regiones con precipitaciones escasas.
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El estado de los glaciares en la Argentina
Remarcan que “desde Mendoza hacia el norte, la mayoría de los glaciares no supera la hectárea. Sin ellos, los ríos cordilleranos no tendrían caudal en épocas de sequía», y “solo en la provincia de San Juan, más de 1.400 glaciares quedarían fuera de protección”.
Además, explican que el sistema de los Andes es complejo y que funciona de manera interrelacionada, donde intervienen la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial, por lo que alterar uno de sus componentes podría tener consecuencias para el equilibrio y la seguridad hídrica de las comunidades.