Un jurado de Dakota del Norte, Estados Unidos, condenó a la reconocida ONG internacional a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa energética Energy Transfer (ET) debido a su papel en las protestas contra el oleoducto Dakota Access. Esta medida tendría un impacto significativo en la libertad de expresión del país.
El veredicto del juicio indicó, tras dos días de deliberación, que tres entidades de Greenpeace son culpables de realizar molestias, allanamiento, conspiración y privación de acceso a la propiedad durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre 2016 y 2017 hacia el polémico proyecto.
El conflicto con Greenpeace
Esta causa comenzó luego de que Energy Transfer acusó a la organización ecologista de haber orquestado una campaña de violencia con el objetivo de paralizar la construcción de un ducto que entró en funcionamiento en 2017.
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Por su parte, Greenpeace anunció que apelará la decisión, y alegó que el caso tenía como objetivo “silenciarla”. Además, Sushma Raman, directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, indicó que “No se puede llevar a la quiebra a un movimiento. Este movimiento existe en todo el mundo: personas que quieren un planeta más limpio y más verde, una democracia más vibrante e inclusiva, la protección de los océanos, los bosques y la tierra”.
La respuesta de la ONG
Además, Greenpeace Internacional realizó una contrademanda a Energy Transfer en Países Bajos, en donde acusa a la empresa de utilizar el sistema judicial para reprimir la disidencia. La audiencia está prevista para el próximo 2 de julio.
Los incidentes consignados contaron con el respaldo de la tribu indígena sioux de Standing Rock y distintos movimientos ambientales. Lamentablemente, el saldo fueron cientos de personas heridas y numerosas detenidas, lo que alertó a las Naciones Unidas sobre una posible violación de la soberanía de ciertas comunidades nativas.