La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la justicia una opinión consultiva para aclarar cuáles son las obligaciones jurídicas de los Estados en materia de cambio climático. En ese sentido, también exigió que se determinen los derechos y las consecuencias por los incumplimientos.
Una cifra récord para la Corte Internacional
Las audiencias en La Haya (Países Bajos) están previstas hasta este 13 de diciembre. En ellas se están recogiendo declaraciones de los distintos países para tomar una definición. Se espera obtener un número récord de entrevistas orales, lo que convertirá a este caso en uno de los más grandes a nivel internacional.
Este proceso aúna los esfuerzos de la comunidad planetaria para establecer un marco legal frente al calentamiento global. El resultado influirá próximamente en cualquier proceso multilateral relacionado a este fenómeno.
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Cabe destacar que este litigio comenzó indirectamente en septiembre de 2021, cuando el archipiélago de Vanuatu, en el Pacifico, anunció su intención de llevar esta problemática ante la corte. En aquel entonces, la Nación aseguraba ser extremadamente vulnerable a los eventos meteorológicos, por lo que reclamaba el apoyo internacional.
Gracias a esta primera advertencia creció la presión ante la ONU y fue en abril de 2023 que la petición fue transmitida oficialmente al Tribunal. Hasta ahora, al menos 97 Estados y once organizaciones mantuvieron una participación activa en el proceso.
Las características del procedimiento
A diferencia de las sentencias en casos contenciosos, las opiniones consultivas del Tribunal no son vinculantes. El órgano, organismo u organización solicitante -la Asamblea General en este caso concreto- sigue siendo libre de decidir, según estime oportuno, qué efecto dar a estas opiniones.
Sin embargo, pese a no ser vinculantes, sí tienen un valor de autoridad moral y pueden contribuir a fundamentar procedimientos judiciales posteriores, incluso en casos nacionales relacionados al cambio climático.