La Auditoría General de la Nación (AGN) investigó el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre el 2018 y el 2021 en el tratamiento de contaminantes orgánicos persistentes y detectó “falencias en las mediciones y controles de estas sustancias peligrosas”.
Los errores en el control de sustancias
En concreto, la AGN detectó una incorrecta vigilancia de sustancias peligrosas en el ambiente y que no se implementaron programas de monitoreo ni se estableció la Red Nacional de Laboratorios. Además, consigna que tampoco hubo mediciones de las emisiones de mercurio en los rubros de las cementeras y explotación de gas.
El informe también señala que Argentina no incorporó a su normativa la regulación de los contaminantes orgánicos persistentes incluidos en el Convenio de Estocolmo y que no se elaboró un plan para la identificación de stocks de agroquímicos, “incumpliendo el artículo 6 del convenio que exige: ‘identificar, manejar y etiquetar los desechos que contienen Contaminantes Orgánicos Persistentes asegurando su almacenamiento, transporte y eliminación de manera ambientalmente racional’ y ‘Prohibir la reutilización y el reciclaje de materiales que contengan contaminantes Orgánicos Persistentes’”.
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¿Cómo tratar esta problemática?
La auditoría concluye su documento con una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran: ejecutar el presupuesto asignado para la instalación de la Red Federal de Monitoreo, fortalecer la capacidad nacional de vigilancia de sustancias peligrosas, y coordinar las instancias de crédito y ejecución para un uso eficaz de los recursos públicos.
El informe de la Auditoría General de la Nación destacó que la gestión adecuada de compuestos orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas es “prioritaria” y demanda “políticas públicas sólidas”.