La Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly, acusó a la Comisión Europea de una «mala gestión» por sus retrasos «persistentes» en cuanto al tratamiento de sustancias químicas peligrosas, lo que supone una «amenaza para la salud humana y el ambiente».
La critica a la Unión Europea
Si bien las empresas que deseen utilizar sustancias químicas consideradas «extremadamente preocupantes” necesitan de una autorización de la organización, esta puede demorar 14 meses en elaborar proyectos de decisión, aunque el plazo legal es de tres meses.
En el documento indica que durante las etapas de evaluación las empresas pueden seguir utilizando sustancias con potencial cancerígeno.
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La respuesta de la comisión
A raíz de estas acusaciones, desde la Comisión señalaron que determinados casos pueden ser «complejos», y que algunos de los plazos no están bajo su control. Sin embargo, indicaron que Bruselas estudiará «detenidamente» las recomendaciones.
El ente ahora dispone de tres meses para preparar un dictamen detallado en respuesta a la defensora del Pueblo.