El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Tucumán condenó a tres años de prisión condicional a Alicia Inés Petiti y a Enrique Fausto González, quienes oficiaban de presidenta y de director, respectivamente, de la empresa azucarera La Corona.
Por su parte, la compañía también deberá responder con el pago de 75 millones de pesos en concepto de reparación de los perjuicios ocasionados. La firma imputada será la Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A, que actualmente explota el ingenio involucrado.
¿De qué se acusa a la industria azucarera?
Las penas se vinculan a delitos de contaminación ambiental durante un período que abarca desde el 2006 hasta el 2017. Estos ilícitos fueron cometidos en la localidad de Concepción y se pudo comprobar la afectación en la salud de los vecinos y vecinas.
Detallan que incumplimiento de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos se dio por el daño a los cursos de agua que desembocan en el Río Salí, un importante afluente de la región, así como por degradar los suelos a través de desechos industriales vertidos en canales pluviales a cielo abierto.
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Consecuencias ambientales y legales
Las investigaciones ordenadas por la fiscalía corroboraron altos niveles de químicos en los puntos mencionados. Los mismos superaban ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente en ese momento. Respecto a la salud de las personas y del ecosistema, se registró una incidencia de enfermedades bronquiales, oftalmológicas y pulmonares.
Al respecto, la opinión de la comunidad fue clave para cerrar el proceso judicial y determinar la culpabilidad de la azucarera y su cúpula directiva. Del mismo modo, esto garantizó los derechos de las víctimas en cumplimiento de la ley 27.372.