La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se continúen las pericias en torno a la acusación de incumplimiento de deberes públicos en la provincia. Según detallan, un grupo de funcionarios habría validado un acuerdo de integración entre las empresas Agua Rica y Alumbrera, negando que la megaminería fuera a darse dentro de la zona de glaciares catamarqueños y desconociendo intencionalmente el valor ecosistémico de la cuenca del Río Andalgalá. Sin embargo, la fiscalía apeló, alegando que tal afirmación era prematura y que aún “existían cuestiones pendientes en torno a la actuación de los imputados”.
La decisión fue firmada por unanimidad por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, dando lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal.
El problema con la megaminería
La causa había iniciado en el 2019 contra quienes suscribieron al desarrollo de actividades exploratorias y de explotación incumpliendo la Ley 26.639, destinada a la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Según la norma, estos espacios no deben ser alcanzados por la minería.
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Un vacío legal
En un comienzo, el espacio escogido para la realización del proyecto no estaba incluído en el ámbito de protección de la ley, aunque sí había indicios de la existencia de un ambiente con dichas características. Esto se debía a que el Inventario Nacional de Glaciares aún no había concluido.
En ese sentido, las autoridades habían decidido no realizar una verificación del terreno. Ahora, y gracias a la apelación de la fiscalía, es que se hizo una nueva evaluación y se confirmó la inviabilidad del operativo.
Ante esta situación lograron la reapertura del caso contra la megaminería y están a la búsqueda de alcanzar el grado de certeza negativo o que se agote la investigación para cerrar la causa.