El pasado 9 de julio salieron a la luz imágenes de una empleada municipal de Cachi cometiendo maltrato animal contra su gato; situación que derivó en la muerte de la mascota. El hecho fue denunciado por un turista cordobés que se alojaba frente a la propiedad de esta mujer, y esta semana la justicia impuso las medidas reparatorias.
Por su parte, la abogada Carmen Cartagena Céspedes -quien es representante legal de la Fundación Ajuya Jalala- se presentó como querellante y ejerció presión sobre las autoridades a fin de que intervengan.
El actuar de la justicia
La acusada fue detenida apenas unos días después de lo ocurrido por incumplir la ley de protección actual (N°14.346) que define a los animales como “sujetos de derechos”. En ese contexto, y entendiendo que se trata de una persona sin antecedentes, el defensor solicitó una probation la cual fue aceptada por la justicia.
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Medidas contra el maltrato animal
Este lunes finalizaron los acuerdos y se definió que la acusada deberá costear 30 castraciones a gatos en situación de calle de la localidad salteña. Asimismo se le realizarán controles a los otros animales que están a cargo de la imputada, lo que incluirá medidas de saneamiento y vacunación, y esterilización si fuese necesario. Esta última medida estará a cargo de la Asociación Hocicos Fríos Cachi.
Si bien Céspedes solicitó que se le prohibiera la tenencia de mascotas, este último pedido fue ignorado y cambiado por un curso virtual de derecho animal. Además, la medida reparatoria incluye la realización de un mural informativo y de concientización sobre el maltrato animal.