Autoridades de las Naciones Unidas piden aunar esfuerzos para prevenir los delitos en contra de la naturaleza. Explican que las diferencias entre las distintas leyes destinadas al cuidado del ambiente obstaculizan el buen desarrollo de estas medidas.
Estas conclusiones fueron presentadas recientemente en Viena en un evento caratulado como “El panorama de la penalización”. Allí dieron a conocer un primer informe donde se analiza a nivel mundial cómo los actos delictivos afectan a la naturaleza.
Situación en el mundo
Detrás de esta exposición se encuentra la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que examinó cómo los 193 estados miembro definen los crímenes y atentados contra el planeta y qué penas establecen por infringir las leyes.
En ese sentido, el estudio abarca nueve áreas: contaminación del aire, el suelo y los residuos; contaminación acústica; protección de la fauna y la flora silvestre; deforestación y tala; pesca; y gestión de los residuos.
Los números
La conclusión más destacable es que sólo el 45 % de las naciones imponen penas que superen los cuatro años de prisión, pese a tratarse delitos graves considerados como tal por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), una norma universalmente reconocida.
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Por otro lado, los números también indican que la contaminación acústica y de los suelos son las áreas en la que menos países cuentan con disposiciones penales. Por el contrario, los temas vinculados a la flora, la fauna y los residuos suelen estar tipificados al menos por alguna ley en más de 160 países.
Gestión de los delitos ambientales
A grandes rasgos hay diferencias notorias entre las sanciones, sobre todo por cómo cada cultura y región reconoce la gravedad de los hechos. Por ejemplo, mientras que en Oceanía el 43 % de los estados consideran a la pesca ilegal como un asunto que reviste de importancia, sólo el 2 % de los países de Europa muestran tal interés.
Por último, el informe hace especial énfasis las discrepancias en la aplicación de las leyes entre los particulares y las empresas, sosteniendo que estas últimas tienen más facilidad para librarse de multas y condenas.
Un dato no menor es que, aunque África y Asia tienen los mayores porcentajes de penas que se ajustan a la definición de delito grave, la aplicación es débil. Esto demuestra que no sólo basta con equiparar normativas para proteger al ambiente, sino que se debe generar conciencia entre las autoridades.