La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) denunció el riesgo inminente de un grave perjuicio al ambiente y a la industria del turismo.
Esta acción surge a partir de la intención de modificar la Ley Nacional 26.331 de Bosques, con el propósito de habilitar la tala en zonas actualmente protegidas, mediante la Ley Ómnibus que el Gobierno nacional ha enviado al Congreso.
Posibles consecuencias
La organización advierte a los legisladores nacionales sobre los posibles impactos negativos de aprobar esta normativa, ya que implicaría poner en peligro el recurso natural más valioso de Misiones: su selva paranaense.
Walter Antemen, secretario del área, advierte que la norma propuesta por el Gobierno es técnicamente errónea, económicamente innecesaria, ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante y políticamente cuestionable.
Además, desde la Secretaría advierten sobre las posibles consecuencias de estas modificaciones a la Ley de Bosques, que podrían generar pérdidas de empleo y destrucción de la masa boscosa, afectando visualmente a la industria turística de Misiones.
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Otras denuncias relacionadas
En sintonía con la UPCN, Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, rechazó los proyectos presentados por el gobierno y aseguró que se trata de normas redactadas a la medida de los grupos de poder. Así, nombró a Eduardo Elsztain, a Mauricio Macri, a Luis Caputo y a la Barrick Gold como los beneficiados por esta ley.
Viale insistió en que la flexibilización de las leyes que tienden a proteger el ambiente tendrá un impacto directo en la cantidad de hectáreas deforestadas. De hecho, señaló que ya se perdieron ocho millones desde que se autorizó la soja transgénica.
¿Cómo se beneficiarían?
El fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas, señaló que Elsztain, dueño de Cresud, tiene para desmontar en su finca Los Pozos, en Salta, 150 mil hectáreas más.
Viale afirmó que otro beneficiado sería Mauricio Macri, y declaró que el expresidente ya desmontó 6 mil hectáreas, y que busca recategorizar en zona amarilla otras 10 mil.
Finalmente, mencionó que Luis Caputo, ministro de Economía, ya desmontó 500 hectáreas en Santiago del Estero.
Al concluir su declaración frente a la Cámara de Diputados, el abogado aseguró que las reformas propuestas a la Ley de Glaciares se ajustan a los requerimientos de la Barrick. Por este motivo, catalogó a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional, como “una invitación mundial a la destrucción».