La justicia porteña ratificó este martes la decisión de limitar la continuidad de los proyectos que se estaban llevando a cabo con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Detallan que se trata de construcciones que no cuentan con un certificado de aptitud ambiental, requerido para esta clase de emprendimientos. Los mismos incluyen la instalación de servicios y bares en una zona protegida.
¿Qué hay detrás de la detención de las obras?
La resolución fue dada por la titular del juzgado en lo contencioso, administrativo y tributario 9, Andrea Danas, en respuesta al amparo contra la gestión local presentado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, UBA, junto a la Fundación Ciudad.
Este colectivo lleva meses exigiendo el cese definitivo de la obra por no considerar el cuidado ambiental dentro de sus objetivos. Asimismo, destacan que podría representar un daño ecosistémico imposible de reparar.
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En ese sentido, en tanto no se hagan las evaluaciones correspondientes, no se podrá concluir con el emprendimiento ni habilitar su uso.
¿Cuáles eran los planes del Gobierno?
El proyecto actualmente está orientado a incorporar nueva señalética, una bicisenda y las “áreas de servicio” mencionadas, además de un centro de interpretación y un sector de sanitarios.
Cabe destacar que esta área es muy extensa y que alberga más de 800 especies de seres vivos, al menos 500 de ellas son animales.
Este espacio se consideró protegido tras la aprobación de una ley en el año 2012. Está situado en la ribera del Río de la Plata, entre la desembocadura del arroyo White y el Parque de la Memoria.
Por otra parte, el Gobierno porteño había implementado un acuerdo con la UBA para resguardar la reserva mediante un “Plan de Gestión”. El mismo debería estar siendo implementado entre el 2021 y el 2031.
Lo acordado incluye la creación de instalaciones para visitas, que den soporte a programas educativos cuyo eje sea el ambiente.