Frente a la denuncia de la fiscal María Laura Martínez por la descarga de efluentes sin tratar en un tramo del arroyo y el zanjón de la reserva, la Jueza Verónica Gotlieb, admitió el pedido de la Fiscalía para que se ordene a las empresas responsables prevenir daños ambientales, bajo el lema de “quien contamina, paga”.
Así se obligó a las firmas Total Química SA, Reciclarte SRL, Euro SA, Subproductos Ganaderos Rosario SA, Mattievich SA y Shorton SA, a adecuar sus procesos y a realizar acciones de recomposición ambiental.
Además, dispuso de un cronograma de acciones que las compañías deberán realizar junto al municipio de Villa Gobernador Gálvez y al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, bajo control de la Fiscalía y el Juzgado.
Entre las acciones que se deberán realizar, se destacan las tareas de saneamiento en el arroyo Saladillo, que desemboca entre las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, costeado por las empresas.