En Santiago del Estero, es el empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro fue acusado por haber realizado una intervención -desde su rol de presidente de la compañía- en la contaminación del aire y del ambiente “de un modo peligroso para la salud mediante la descarga o vertido de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio La Florida”. También se encuentra involucrado en la causa el gerente general de la compañía, José Ramón Coronel.
Según el detalle de la causa, esta situación se habría producido en agosto de 2011 cuando la industria vertió efluentes hacia un canal de riego denominado “Este”, que en su recorrido final traspasa hacia la provincia de Santiago del Estero.
Según la fiscalía los acusados omitieron controlar, disminuir o administrar el riesgo que generaba su actividad mediante la acumulación de la sustancia vinaza, que luego volcaron intencionalmente en canales de riego de la provincias de Tucumán y Santiago del Estero, pese a la existencia de prohibiciones administrativas y de una expresa orden judicial.
Por otra parte en Tucumán, el fiscal provincial Pablo Camuña busca una condena para otros dos empresarios azucareros acusados de volcar residuos peligrosos en los ríos Medina y Gastona. Ambos estuvieron a cargo del ingenio La Trinidad entre los años 2007 y 2009.
Se trata de Luis Drube y Santiago Gasep, imputados de afectar la salud pública y el ambiente por el vertido de efluentes industriales sin tratamiento o con tratamiento deficiente.
Al respecto, la causa refiere a la contaminación del agua, la atmósfera y el ambiente en general con vinaza y otros desechos que están prohibidos por la ley 24.051.
El hecho fue en el año 2007 cuando se recopilaron las primeras muestras químicas del agua. Las mismas ya advertían de la situación.
El fiscal general también observó que durante ese año los efluentes peligrosos eran conducidos por un canal a cielo abierto a lo largo de distintas poblaciones y “se volcaban a fincas vecinas y a una laguna de sacrificio que no cumplía con ninguna de las normas de seguridad e higiene”.
Respecto a los dos empresarios imputados de la azucarera tucumana fundada en 1875, ambos ya habían sido sancionados en la órbita administrativa por infracciones vinculadas a las normativas que rigen la preservación del medio ambiente.