El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, que trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), habilitó una investigación para determinar si este último ha cumplido con las políticas y estándares sociales y ambientales al diseñar y ejecutar el Programa Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Este proyecto estaba destinado a disminuir los desechos que se encuentran en el vertedero más grande del país con una planta de residuos ubicada a 2,5 km del lugar . Para llevarlo a cabo, la Argentina recibió un préstamo de casi 11 millones de dólares, otorgados por esta entidad.
De forma paralela, el juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó detener los trabajos frente al pedido de la Asociación Civil Nuevo Ambiente, la Fundación Banco de Bosques y un grupo de vecinos de la zona “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.
Antes de presentarse ante la justicia federal, fueron los Vecinos Autoconvocados quienes elevaron sus reclamos ante la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. En ese sentido, la auditoría externa del banco investiga posibles “deficiencias técnicas y riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes”.
Los Vecinos Autoconvocados también destacaron “potenciales incumplimiento con las Políticas Operativas Pertinentes del Banco (por el BID) ante la falta de información pública del proyecto y de consultas públicas adecuadas para dar consentimiento, por parte de la población afectada”.