El estudio fue llevado a cabo por especialistas del Conicet en el marco de un plan integral diseñado junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y revela que sólo el 7 % del territorio que habitan las cinco especies que se encuentran en el país está protegido.
Los resultados de esta investigación, que fue publicada recientemente en la revista científica Diversity («Prioritizing Areas for Primate Conservation in Argentina«), serán fundamentales para el diseño de políticas públicas de protección. Las mismas están destinadas a que cada una de las especies de primates pueda seguir cumpliendo su rol ecológico en ambientes naturales saludables. El equipo advierte sobre la necesidad de atender especialmente los casos de Chaco y Formosa, donde se encuentra la menor cantidad de áreas protegidas y se registran altos índices de deforestación.
En distintas ecorregiones de Argentina habitan cinco especies de primates no humanos y todas se encuentran bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional, con poblaciones locales en declive. El mono aullador rojo es el más comprometido y se considera en peligro crítico, mientras que el carayá, el mirikiná, el caí negro y el caí de las yungas se encuentran en estado vulnerable.
En este estudio, se utilizaron modelos de distribución de especies para estimar cuáles son las áreas que ocupa cada una. Además, se empleó un software para el análisis de la priorización espacial para la conservación basado en la calidad del hábitat y la conectividad, para identificar posibles áreas de importancia a nivel nacional y ecorregional para los primates.
Los resultados revelaron que menos de 20 mil kilómetros cuadrados están bajo protección. De acuerdo a los análisis, algunas de las zonas prioritarias de conservación se encuentran en el Bosque Atlántico de Misiones, la parte húmeda del este de Chaco y Formosa, y porciones de las Yungas.
Este trabajo representa el cumplimiento de uno de los primeros objetivos del Plan Nacional de Conservación de Primates de la Argentina, que fue aprobado el año pasado y que establece una serie de medidas que apuntan a reducir el impacto de las amenazas sobre las especies argentinas.
Fuente: Unidiversidad